Comunicado del Encuentro por la Memoria
50 años del asesinato de Salvador Puig Antich
LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO NO PRESCRIBEN
El 2 de marzo de 1974, en la cárcel Modelo de Barcelona, se cumplía la sentencia de pena de muerte por garrote vil contra Salvador Puig Antich, un joven antifranquista militante del grupo anarquista Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) que había sido detenido el 25 de septiembre del año anterior, juzgado y condenado a muerte por sentencia de un consejo de guerra celebrado en enero, que el Consejo Supremo de Justicia Militar había ratificado el 19 de febrero.
Como fue siempre la norma, se trató de un juicio sin las debidas garantías procesales. A su abogado le fue denegada la declaración de testigos y la presentación de informes periciales que demostraban la inocencia de Salvador. La sentencia estaba firmada antes de ser juzgado.
El asesinato mediante garrote vil, uno de los métodos más crueles e inhumanos de ejecutar la sentencia, tuvo una fuerte respuesta internacional. La movilización contra su condena se concentró principalmente en Cataluña y particularmente en Barcelona, donde se practicó una dura represión. El mismo día fue asesinado, también por garrote vil, el preso Georg Michael Welzel, en la prisión de Tarragona, en un burdo intento del régimen franquista de evitar la atención internacional sobre el caso de Puig Antich.
Se da la circunstancia de que el 20 de diciembre anterior había tenido lugar el atentado contra el almirante Carrero Blanco, jefe de gobierno y posible sustituto de Franco. La dictadura buscaba venganza, como siempre, y Salvador Puig Antich pagó con su vida.
Las luchas obreras y estudiantiles habían ido aumentado desde los últimos años sesenta y, particularmente en la Universidad, se habían recrudecido tras el asesinato del estudiante Enrique Ruano, en enero de 1969. En 1973 el Tribunal de Orden Público (TOP), un organismo específico para reprimir la protesta contra la dictadura, había incoado 2.089 procedimientos (400 más que el año anterior) que afectaron a 4.025 personas (1.600 más que en 1972).
La maquinaria represiva seguía a toda marcha con el asesinato de los obreros Cristóbal Ibáñez, Manuel Sánchez y Antonio Huertas en julio de 1970 en Granada. En septiembre de 1971, Pedro Patiño, obrero de la construcción, en Madrid. Un mes después lo fue Antonio Ruiz, trabajador de la SEAT de Barcelona. En marzo de 1972 fueron asesinados Amador Rey y Daniel Niebla, trabajadores de la Bazán en Ferrol. El 17 de septiembre murió el trabajador Cipriano Martos en Reus (Tarragona), a consecuencia de las torturas infringidas por la Guardia Civil tras su detención. Todos estos crímenes, al igual que los que sucedieron después, siguen impunes.
En 2013, la hermanas de Salvador se personaron en la querella argentina contra los ministros franquistas Antonio Carro Martínez, José Utrera Molina, Antonio Barrera de Irimo y Licino De La Fuente por haber firmado el “enterado” de la sentencia de muerte. Todos ellos fueron imputados por la juez argentina María Servini, un año después. Igualmente, en 2017, el Ayuntamiento de Barcelona y las hermana Puig Antich presentaron querella contra el militar Carlos Rey González, juez ponente del Consejo de Guerra que lo sentenció (la Audiencia de Barcelona archivó esta querella en 2020).
En el artículo 4 de la Ley 20/22 de Memoria Democrática, de 19 de octubre, “se reconoce y declara el carácter ilegal y radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura, independientemente de la calificación jurídica utilizada para establecer dichas condenas y sanciones”. Aún estamos esperando que se haga efectivo. Sin embargo, esto no invalida el derecho a la justicia, sino todo lo contrario.
Es imprescindible acabar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el franquismo y la transición y que se investiguen, y sean juzgados, sus culpables, instigadores y colaboradores tal como establece el Derecho Internacional sobre Derechos Humanos y venimos exigiendo desde hace décadas las asociaciones y organizaciones memorialistas.
¡Sin verdad no hay justicia! ¡Sin justicia no hay reparación! ¡Verdad, justicia y reparación!
